| Tweet |
Dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, busca una ley para controlar opositores en redes sociales, incluso en el exterior
El gobierno de Daniel Ortega ha presentado un paquete de reformas a la Ley de Ciberdelitos ante la Asamblea Nacional, también conocida como Ley Mordaza, que busca ejercer un control férreo sobre las redes sociales y medios digitales. Esta normativa, que refuerza la censura y la persecución tanto dentro como fuera de Nicaragua, tiene como objetivo silenciar cualquier crítica al régimen. La iniciativa se introdujo con carácter de urgencia el 10 de septiembre, y está dirigida a reforzar la vigilancia sobre el uso de tecnologías de la información.
Este tipo de medidas, introducidas en un contexto de control totalitario, ponen en evidencia una estrategia clara para silenciar cualquier tipo de oposición. Las penas propuestas incluyen hasta diez años de cárcel para quienes "tergiversen noticias" o inciten a la violencia, el odio o la discriminación a través de redes sociales o aplicaciones móviles.
Si la información difundida incita a la discriminación, violencia, o pone en peligro la estabilidad social, económica o la seguridad soberana, la pena aumenta a diez años de cárcel. La ley también contempla sanciones para los cooperadores necesarios, lo que amplía el alcance de la persecución hacia personas que, directa o indirectamente, ayuden a propagar dicha información.
El abogado Manuel Díaz, director de la plataforma digital Bacanal Nica, comentó que la ley facilita la represión al mencionar específicamente el uso de redes sociales y aplicaciones móviles como WhatsApp, Facebook y Twitter. Según Díaz, esto demuestra que el régimen busca ajustar su control sobre estas plataformas, que son utilizadas por la mayoría de los ciudadanos para comunicarse y expresar sus opiniones.
La reforma también incluye la criminalización de la posesión de equipos que puedan "vulnerar la seguridad" de los sistemas del gobierno. Esto abarca desde computadoras hasta cualquier dispositivo que pueda ser utilizado para realizar actividades consideradas delictivas por el régimen.
El analista Eliseo Núñez, abogado exiliado, opinó que estas reformas forman parte de una estrategia de represión global, donde el gobierno de Ortega busca utilizar organismos internacionales como la Interpol para perseguir a sus críticos. Núñez destacó la necesidad de que la comunidad internacional tome acciones para evitar que Nicaragua utilice estos mecanismos para continuar con su persecución.
El impacto de estas reformas en la libertad de expresión en Nicaragua será profundo, afectando tanto a quienes viven dentro del país como a aquellos que, desde el extranjero, tratan de denunciar las injusticias que ocurren bajo el régimen de Ortega. Sin embargo, a medida que las voces de protesta se ven cada vez más silenciadas, la comunidad internacional juega un papel crucial en visibilizar las violaciones a los derechos humanos y en buscar soluciones para frenar la represión digital que se ha instalado en el país.
Las reformas a la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua son un claro reflejo del afán del gobierno de Daniel Ortega por mantener el control sobre la información y silenciar a sus detractores. En un mundo cada vez más conectado, estas medidas no solo afectan la libertad de expresión de los nicaragüenses, sino que también abren la puerta a una represión transnacional sin precedentes. Ante este escenario, la presión internacional será clave para detener los abusos de poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
¿Qué implican estas reformas?
Las modificaciones propuestas endurecen las penas para aquellos que usen las plataformas digitales con fines que, según el gobierno, atenten contra la tranquilidad y la paz social. Según la exposición de motivos presentada ante el Legislativo, estas medidas buscan castigar a quienes, dentro o fuera del país, "traten de afectar o desestabilizar la tranquilidad y la paz social de las personas, familias y la comunidad en general".Este tipo de medidas, introducidas en un contexto de control totalitario, ponen en evidencia una estrategia clara para silenciar cualquier tipo de oposición. Las penas propuestas incluyen hasta diez años de cárcel para quienes "tergiversen noticias" o inciten a la violencia, el odio o la discriminación a través de redes sociales o aplicaciones móviles.
Judicialización dentro y fuera del territorio
Uno de los puntos más alarmantes de esta reforma es la extraterritorialidad de la ley, que permite judicializar delitos cometidos tanto dentro como fuera de Nicaragua. Esto implica que los ciudadanos nicaragüenses que residan en el extranjero y utilicen redes sociales para criticar al régimen también estarán en riesgo de ser perseguidos judicialmente.Control sobre redes sociales y aplicaciones móviles
El artículo 30 de la iniciativa se enfoca específicamente en las redes sociales, planteando sanciones para aquellos que difundan o tergiversen información a través de tecnologías de la información. Las penas varían entre tres a cinco años de prisión y multas de hasta quinientos días.Si la información difundida incita a la discriminación, violencia, o pone en peligro la estabilidad social, económica o la seguridad soberana, la pena aumenta a diez años de cárcel. La ley también contempla sanciones para los cooperadores necesarios, lo que amplía el alcance de la persecución hacia personas que, directa o indirectamente, ayuden a propagar dicha información.
Endurecimiento de la persecución digital
La reforma a la Ley No. 1042, conocida como Ley Especial de Ciberdelitos, introduce nuevas disposiciones que endurecen la persecución hacia aquellos que critiquen al régimen a través de medios digitales. Esto incluye a aquellos que operen desde el extranjero, lo que evidencia la intención del gobierno de transnacionalizar la represión.El abogado Manuel Díaz, director de la plataforma digital Bacanal Nica, comentó que la ley facilita la represión al mencionar específicamente el uso de redes sociales y aplicaciones móviles como WhatsApp, Facebook y Twitter. Según Díaz, esto demuestra que el régimen busca ajustar su control sobre estas plataformas, que son utilizadas por la mayoría de los ciudadanos para comunicarse y expresar sus opiniones.
¿Quiénes son los cooperadores?
Una de las características más preocupantes de esta ley es la inclusión de cooperadores necesarios y cómplices, que podrían ser personas ajenas a la actividad principal. Según Díaz, incluso alguien que ayude a otra persona a instalar WhatsApp podría verse involucrado en procesos judiciales bajo la nueva normativa. Esta vaguedad en la redacción de la ley permite una interpretación amplia y arbitraria por parte de las autoridades.Noticias falsas: ¿Ciberdelito o censura?
Otro punto de interés en las reformas es la criminalización de la difusión de noticias falsas, un concepto que según Díaz, el gobierno utiliza para atacar cualquier información que contradiga la versión oficial de los hechos. "Para ellos, todo es falso si no encaja con la narrativa del régimen", comentó el abogado.La reforma también incluye la criminalización de la posesión de equipos que puedan "vulnerar la seguridad" de los sistemas del gobierno. Esto abarca desde computadoras hasta cualquier dispositivo que pueda ser utilizado para realizar actividades consideradas delictivas por el régimen.
Herramienta de represión
Para muchos analistas, esta ley no es más que un instrumento de represión. El régimen de Ortega, conocido por su control total sobre los medios de comunicación y su capacidad de reprimir cualquier forma de oposición, ha utilizado la Ley de Ciberdelitos como una herramienta para criminalizar la disidencia. Con estas nuevas reformas, esa represión se amplía, ajustando las leyes para que el gobierno pueda perseguir a los ciudadanos más allá de las fronteras de Nicaragua.El analista Eliseo Núñez, abogado exiliado, opinó que estas reformas forman parte de una estrategia de represión global, donde el gobierno de Ortega busca utilizar organismos internacionales como la Interpol para perseguir a sus críticos. Núñez destacó la necesidad de que la comunidad internacional tome acciones para evitar que Nicaragua utilice estos mecanismos para continuar con su persecución.
¿Qué sigue para Nicaragua?
El endurecimiento de la Ley de Ciberdelitos marca un nuevo capítulo en la represión que ha caracterizado al régimen de Daniel Ortega. La censura de las plataformas digitales, la judicialización de las críticas, y la transnacionalización de la persecución son solo algunos de los elementos que demuestran que el gobierno está decidido a mantener su control sobre la narrativa pública, incluso si eso implica silenciar a la diáspora nicaragüense.El impacto de estas reformas en la libertad de expresión en Nicaragua será profundo, afectando tanto a quienes viven dentro del país como a aquellos que, desde el extranjero, tratan de denunciar las injusticias que ocurren bajo el régimen de Ortega. Sin embargo, a medida que las voces de protesta se ven cada vez más silenciadas, la comunidad internacional juega un papel crucial en visibilizar las violaciones a los derechos humanos y en buscar soluciones para frenar la represión digital que se ha instalado en el país.
Las reformas a la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua son un claro reflejo del afán del gobierno de Daniel Ortega por mantener el control sobre la información y silenciar a sus detractores. En un mundo cada vez más conectado, estas medidas no solo afectan la libertad de expresión de los nicaragüenses, sino que también abren la puerta a una represión transnacional sin precedentes. Ante este escenario, la presión internacional será clave para detener los abusos de poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Comparte esta noticia en tu:  |
