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Evo Morales acusado de trata y abuso sexual. Su intromisión en la justicia de Bolivia
El caso de Evo Morales sigue generando polémica y despierta profundas interrogantes sobre la integridad del sistema judicial en Bolivia. Durante años, Morales ha sido señalado en múltiples casos que van desde corrupción hasta violaciones de derechos humanos, y recientemente, las acusaciones más graves han girado en torno a delitos de trata de personas y abuso sexual.
La denuncia contra Morales por trata de personas y abuso sexual fue presentada formalmente ante la Fiscalía General de Bolivia, pero lo que más ha llamado la atención es la aparente protección que se le ha brindado desde las más altas esferas del poder judicial. La reciente destitución de Sandra Gutiérrez, exfiscal departamental de Tarija, ha generado sospechas sobre la influencia de Morales en la justicia del país.
Gutiérrez fue removida de su cargo tras presionar por la emisión de una orden de captura contra Morales, quien se encuentra bajo investigación por supuesta violación de una menor de edad. Sin embargo, la orden fue anulada poco después, y su destitución se justificó por "negligencias" en el proceso. ¿Es posible que un exmandatario tenga tal control sobre el sistema de justicia como para evitar ser procesado?
La fiscal Alejandra Rocha, quien ahora lidera la investigación, ha defendido la decisión de mantener el caso en reserva judicial durante al menos diez días. Este plazo, según Rocha, es fundamental para proteger a las víctimas y evitar la filtración de información que pueda poner en riesgo su seguridad. No obstante, el hermetismo que rodea el caso ha alimentado aún más las teorías sobre un posible encubrimiento.
El fiscal general Juan Lanchipa también ha sido señalado por su cercanía con Morales. Jorge Valda, abogado penalista y defensor de derechos humanos, ha expresado públicamente que Lanchipa fue uno de los colaboradores más cercanos del exmandatario, lo que siembra dudas sobre su imparcialidad en la investigación.
Por su parte, Amílcar Barral, exdiputado boliviano, ha sido uno de los críticos más duros contra los abogados que defienden a Morales. Barral ha calificado de "vergonzoso" que profesionales del derecho asuman la defensa de alguien acusado de delitos tan graves como la trata de personas y el abuso de menores.
- El Fraude Electoral de 2019: Durante el mandato interino de Jeanine Áñez, se abrió un proceso penal contra Morales por fraude electoral. Aunque inicialmente se presentó evidencia que involucraba a Morales y a otros altos funcionarios de su gobierno, la investigación fue archivada poco después de que Luis Arce asumiera la presidencia.
- El Asalto al Hotel Las Américas: En 2016, Morales admitió haber dado la orden de intervención en el Hotel Las Américas, donde tres personas fueron asesinadas. A pesar de las denuncias presentadas, nunca fue investigado por este caso.
- Fondioc: El escándalo de corrupción que involucró a más de 200 dirigentes cercanos a Morales por el desvío de 6,8 millones de dólares del Fondo Indígena Originario Campesino jamás tocó directamente al expresidente.
- Masacre de Pando: En 2008, la violencia en Pando dejó 13 muertos. Aunque varios líderes locales fueron procesados, Morales nunca fue implicado.
Estos y otros casos han alimentado la percepción de que Morales disfruta de una impunidad sin precedentes, lo que refuerza la sensación de desconfianza en el sistema judicial boliviano.
El descontento público hacia la justicia boliviana no es nuevo, pero la magnitud del caso Morales ha intensificado el clamor por una reforma profunda del sistema. La percepción de que el poder judicial está subordinado a intereses políticos es compartida por una gran parte de la población, lo que plantea serios retos para la credibilidad de las instituciones bolivianas.
Foto: Cancillería Ecuador.
Un Proceso Judicial en la Sombra
La denuncia contra Morales por trata de personas y abuso sexual fue presentada formalmente ante la Fiscalía General de Bolivia, pero lo que más ha llamado la atención es la aparente protección que se le ha brindado desde las más altas esferas del poder judicial. La reciente destitución de Sandra Gutiérrez, exfiscal departamental de Tarija, ha generado sospechas sobre la influencia de Morales en la justicia del país.
Gutiérrez fue removida de su cargo tras presionar por la emisión de una orden de captura contra Morales, quien se encuentra bajo investigación por supuesta violación de una menor de edad. Sin embargo, la orden fue anulada poco después, y su destitución se justificó por "negligencias" en el proceso. ¿Es posible que un exmandatario tenga tal control sobre el sistema de justicia como para evitar ser procesado?
La "Generación Evo" y las Denuncias de Trata
Uno de los aspectos más turbios de las acusaciones contra Morales es la existencia de una supuesta red de jóvenes denominada "Generación Evo". Según la denuncia, esta red servía como un medio para que Morales mantuviera relaciones con menores de edad durante su mandato. El caso involucra a al menos tres jóvenes que quedaron embarazadas, según las investigaciones preliminares.La fiscal Alejandra Rocha, quien ahora lidera la investigación, ha defendido la decisión de mantener el caso en reserva judicial durante al menos diez días. Este plazo, según Rocha, es fundamental para proteger a las víctimas y evitar la filtración de información que pueda poner en riesgo su seguridad. No obstante, el hermetismo que rodea el caso ha alimentado aún más las teorías sobre un posible encubrimiento.
¿Protección o Justicia?
El mandatario actual de Bolivia, Luis Arce, ha sido enfático en que el caso debe mantenerse en reserva para evitar su politización. Sin embargo, los críticos de su gobierno argumentan que esta postura podría estar más relacionada con la protección de Morales, quien sigue siendo una figura influyente dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido gobernante.El fiscal general Juan Lanchipa también ha sido señalado por su cercanía con Morales. Jorge Valda, abogado penalista y defensor de derechos humanos, ha expresado públicamente que Lanchipa fue uno de los colaboradores más cercanos del exmandatario, lo que siembra dudas sobre su imparcialidad en la investigación.
Por su parte, Amílcar Barral, exdiputado boliviano, ha sido uno de los críticos más duros contra los abogados que defienden a Morales. Barral ha calificado de "vergonzoso" que profesionales del derecho asuman la defensa de alguien acusado de delitos tan graves como la trata de personas y el abuso de menores.
Casos No Resueltos: Un Historial de Impunidad
Este no es el primer caso en el que Morales ha sido vinculado a presuntos delitos graves. A lo largo de su mandato y posterior a este, ha sido señalado en una serie de escándalos que, sorprendentemente, no han avanzado en los tribunales. A continuación, repasamos algunos de los casos más relevantes:- El Fraude Electoral de 2019: Durante el mandato interino de Jeanine Áñez, se abrió un proceso penal contra Morales por fraude electoral. Aunque inicialmente se presentó evidencia que involucraba a Morales y a otros altos funcionarios de su gobierno, la investigación fue archivada poco después de que Luis Arce asumiera la presidencia.
- El Asalto al Hotel Las Américas: En 2016, Morales admitió haber dado la orden de intervención en el Hotel Las Américas, donde tres personas fueron asesinadas. A pesar de las denuncias presentadas, nunca fue investigado por este caso.
- Fondioc: El escándalo de corrupción que involucró a más de 200 dirigentes cercanos a Morales por el desvío de 6,8 millones de dólares del Fondo Indígena Originario Campesino jamás tocó directamente al expresidente.
- Masacre de Pando: En 2008, la violencia en Pando dejó 13 muertos. Aunque varios líderes locales fueron procesados, Morales nunca fue implicado.
Estos y otros casos han alimentado la percepción de que Morales disfruta de una impunidad sin precedentes, lo que refuerza la sensación de desconfianza en el sistema judicial boliviano.
La Opinión Pública: Entre la Desconfianza y el Clamor de Justicia
Una reciente encuesta de la empresa Diagnosis S.R.L. reveló que el 71% de los bolivianos cree que existe una protección ilegal hacia Morales por parte del sistema judicial. Además, el 64% de los encuestados está a favor de que Morales sea sancionado y enviado a prisión si se comprueban las acusaciones en su contra.El descontento público hacia la justicia boliviana no es nuevo, pero la magnitud del caso Morales ha intensificado el clamor por una reforma profunda del sistema. La percepción de que el poder judicial está subordinado a intereses políticos es compartida por una gran parte de la población, lo que plantea serios retos para la credibilidad de las instituciones bolivianas.
Foto: Cancillería Ecuador.
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